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Cuando Franco murió, la Corona fue el primer elemento de continuidad y, paradójicamente, el motor del cambio. Juan Carlos I había sido educado por el propio Franco como su sucesor, y muchos esperaban que el nuevo rey garantizara la continuidad del régimen. Pero Juan Carlos tenía otros planes. Comprendía que la única manera de estabilizar España y acercarla a Europa era construir una democracia.
Su primer gran movimiento fue nombrar presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, un político que venía del propio aparato franquista pero que se había convencido de la necesidad del cambio. Suárez fue el gran artífice de la Transición. Su habilidad consistió en utilizar las propias leyes del franquismo para desmontar el régimen desde dentro: el Parlamento franquista votó su propia disolución en 1976.
En diciembre de 1976, los españoles votaron en referéndum la Ley para la Reforma Política. La participación fue alta, y el sí ganó con claridad. Era el primer voto libre en décadas. España empezaba a hablar de ella misma en términos de democracia, aunque aún faltaba mucho camino.
En 1977 se legalizaron los partidos políticos, incluido el Partido Comunista de España —en una decisión que muchos consideraban impensable solo meses antes. En junio de ese año se celebraron las primeras elecciones generales libres desde 1936. Ganó la Unión de Centro Democrático de Suárez. El Partido Socialista, liderado por el joven Felipe González, quedó segundo. Los comunistas de Santiago Carrillo y los conservadores de Manuel Fraga completaban un panorama político plural.
El logro más importante de la Transición fue la Constitución de 1978, aprobada en referéndum con casi el 88 por ciento de votos favorables. Era el resultado de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas —conocido como el espíritu del consenso— que optaron por enterrar el pasado en lugar de ajustar cuentas con él. La Constitución establecía una monarquía parlamentaria, reconocía derechos fundamentales, creaba el Estado de las Autonomías y garantizaba la separación de poderes.
Era una Constitución de consenso, lo que significaba que ningún partido obtuvo todo lo que quería, pero todos aceptaron un marco común. Este acuerdo implícito sobre el pasado —incluyendo la no persecución de los crímenes del franquismo— sería fuente de debate décadas después.
El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles irrumpió en el Congreso de los Diputados mientras se votaba la investidura del nuevo presidente. El teniente coronel Antonio Tejero apuntó con su pistola a los parlamentarios y exigió una rendición. Era un golpe de Estado. Durante horas, España contuvo la respiración. El rey Juan Carlos I, en un mensaje televisado, ordenó a los militares regresar a los cuarteles y defender la Constitución. El golpe fracasó.
Ese episodio demostró que la democracia española era frágil, pero también que el rey y la mayoría de la sociedad la defenderían. En 1982, el Partido Socialista ganó las elecciones por mayoría absoluta. Era la primera alternancia real de poder desde la restauración de la democracia. La Transición podía considerarse completada.
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