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En marzo de 2020, España se convirtió en uno de los países más castigados del mundo por la pandemia de COVID-19. El gobierno de Pedro Sánchez declaró el estado de alarma el 14 de marzo, confinando a casi cincuenta millones de personas en sus hogares. Fue el confinamiento más estricto de Europa: durante semanas, los españoles solo podían salir para comprar alimentos o medicamentos, o para ir al trabajo si era imprescindible.
Las imágenes de aquellos meses quedaron grabadas en la memoria colectiva: las UCI desbordadas, los sanitarios sin equipos de protección suficientes, los camiones frigoríficos aparcados junto a hospitales para actuar como depósitos improvisados de cadáveres, los aplausos desde los balcones cada tarde a las ocho como homenaje al personal sanitario. España llegó a contabilizar más de novecientas muertes en un solo día.
La gestión de la pandemia fue objeto de una polarización política extrema. El gobierno y la oposición se acusaron mutuamente de negligencia, de politizar la crisis sanitaria, de ocultar información. El debate sobre si se debería haber actuado antes, si los equipos de protección individual eran suficientes, y si las competencias sanitarias —transferidas a las comunidades autónomas— dificultaban una respuesta coordinada, ocupó meses de disputa pública.
Los datos epidemiológicos fueron igualmente controvertidos: las cifras de mortalidad por exceso —calculadas comparando las muertes reales con las esperadas— sugerían que el número real de víctimas era significativamente superior al contabilizado oficialmente.
El impacto económico fue brutal. El PIB español cayó casi un once por ciento en 2020, la mayor caída desde la Guerra Civil. El turismo, que representaba el doce por ciento de la economía, se desplomó. Los ERTE —expedientes de regulación temporal de empleo— suspendieron a millones de trabajadores, manteniendo sus contratos en vigor mientras el estado pagaba parte de su salario. El mecanismo evitó un colapso mayor del empleo, pero dejó al estado con una factura enorme.
La pandemia aceleró también transformaciones sociales ya en marcha: el teletrabajo se extendió, el comercio electrónico creció, y la crisis reveló las desigualdades estructurales de la sociedad española, con los trabajadores de servicios esenciales —dependientas, repartidores, empleadas de hogar— soportando los mayores riesgos con los menores ingresos.
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