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Durante gran parte del siglo XX, España fue un país de emigrantes. Los españoles marchaban a trabajar a las minas de Alemania, a las fábricas de Francia y Suiza, a las haciendas de América Latina. En los años sesenta, más de un millón de españoles trabajaban en el extranjero y enviaban remesas a sus familias. La emigración era una válvula de escape para el exceso de mano de obra y una fuente de divisas para la economía franquista.
El giro llegó en los años noventa. El boom económico español necesitaba mano de obra que el mercado interior no podía proporcionar. Los inmigrantes llegaron primero de Marruecos y del resto de África, luego de América Latina —especialmente de Ecuador, Colombia y Bolivia— y del Europa del Este. En apenas una década, España pasó de tener menos de un millón de residentes extranjeros a tener más de cinco millones.
España gestionó esta transformación demográfica con una mezcla de apertura y improvisación. Se regularizaron masivamente las situaciones irregulares en varias ocasiones, creando vías legales para millones de personas. La integración en el mercado laboral fue generalmente rápida, aunque los inmigrantes se concentraban en los sectores más precarios: construcción, agricultura, hostelería y trabajo doméstico.
La crisis de 2008 golpeó especialmente a la población inmigrante. Muchos perdieron el trabajo y algunos regresaron a sus países de origen. Pero la mayoría se quedó, con sus hijos ya integrados en el sistema educativo español y con un proyecto de vida construido en España.
En años recientes, la inmigración irregular por el Mediterráneo y el Atlántico ha dominado el debate público. Las costas de Murcia, Almería, las Islas Canarias y Ceuta y Melilla son los puntos de llegada de decenas de miles de personas al año, muchas de ellas procedentes del África subsahariana. Las imágenes de cayucos y pateras llegando a las playas canarias han generado una intensa controversia política.
La extrema derecha de Vox ha hecho de la inmigración uno de sus temas centrales, exigiendo el cierre de fronteras y la expulsión de los irregulares. El gobierno socialista defiende una política de integración y regularización. El debate refleja tensiones que se dan en toda Europa, pero con particularidades españolas: la proximidad geográfica con África, la herencia colonial, y una sociedad que en pocas décadas ha pasado de ser relativamente homogénea a ser genuinamente diversa.
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