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ETA —Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi y Libertad en euskera— nació en 1959, en pleno franquismo. Sus fundadores eran jóvenes vascos que consideraban que el Partido Nacionalista Vasco histórico era demasiado pasivo frente a la represión del régimen. Influenciados por los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo —Argelia, Cuba, Vietnam— decidieron que solo la lucha armada podía liberar Euskadi de la dictadura.
En sus primeros años, ETA combinó la acción armada con la agitación política y cultural. El euskera, prohibido por el franquismo, era también una causa de ETA. La organización se presentaba como defensora de la identidad vasca frente a un Estado opresor.
El 20 de diciembre de 1973, ETA asesinó al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno y sucesor designado de Franco, haciendo explotar un coche bomba bajo su vehículo en Madrid. El coche salió proyectado varios metros hacia arriba. Fue el atentado más espectacular de la historia del terrorismo europeo hasta ese momento, y el que tuvo mayor impacto político: Carrero Blanco era el hombre que debía garantizar la continuidad del franquismo.
Lo que ninguna teoría política podía justificar era la continuación del terrorismo después de la muerte de Franco y la llegada de la democracia. ETA no solo no se disolvió: intensificó sus acciones. Entre 1978 y 1980, en plena Transición, mató a más de doscientas personas. Sus víctimas fueron militares, policías, políticos, jueces, empresarios y civiles inocentes. El objetivo era desestabilizar la democracia y forzar una negociación que llevara a la independencia vasca.
Durante los años ochenta y noventa, la colaboración policial entre España y Francia —que durante mucho tiempo había tolerado la presencia de etarras en su territorio— comenzó a dar frutos. Las detenciones se acumularon. La cúpula de la organización fue desarticulada repetidamente. La base social del terrorismo, que había sido significativa en el País Vasco en los tiempos del franquismo, fue reduciéndose a medida que la democracia se consolidaba.
ETA declaró el cese definitivo de la actividad armada en 2011 y se disolvió formalmente en 2018. A lo largo de su historia, había asesinado a 853 personas. El debate sobre cómo tratar a sus presos —si acercarlos a cárceles del País Vasco o no— sigue siendo uno de los más delicados de la política española.
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