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España es uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático. Su posición geográfica —en el extremo suroeste del continente, con grandes áreas semiáridas en el interior y el sureste— la expone de forma especial a los efectos del calentamiento global. Los científicos predicen que el Mediterráneo se calentará más rápido que la media mundial, y que la Península Ibérica podría sufrir una desertificación progresiva que convertiría amplias áreas del sur y del este en territorio comparable al norte de África.
Las evidencias ya son visibles. Las olas de calor son más frecuentes, más intensas y más largas. Los veranos de 2022 y 2023 batieron records de temperatura en múltiples puntos del país. Los incendios forestales devastaron miles de hectáreas de bosque en Galicia, Extremadura, Castilla y León y Valencia en los últimos años. La sequía afecta a los embalses, la agricultura y el suministro de agua en las ciudades.
El episodio climático más devastador de la historia reciente de España ocurrió el 29 de octubre de 2024, cuando una DANA —una depresión aislada en niveles altos— descargó lluvias torrenciales sobre la provincia de Valencia. En pocas horas cayó el equivalente a un año de precipitaciones en algunas zonas. Las riadas arrasaron municipios del área metropolitana de Valencia, matando a más de 220 personas. Las imágenes de coches apilados, casas destruidas y calles convertidas en ríos dieron la vuelta al mundo.
La catástrofe generó una crisis política de proporciones extraordinarias. Se cuestionó la gestión de la alerta temprana, la respuesta de emergencia y la coordinación entre el gobierno regional y el central. La presidenta de la Comunitat Valenciana fue objeto de una presión ciudadana enorme, con manifestaciones masivas en Valencia exigiendo su dimisión.
En respuesta al cambio climático, España ha apostado con decisión por las energías renovables. El país tiene condiciones naturales excepcionales para la energía solar y eólica. En 2023, las renovables cubrieron alrededor del cincuenta por ciento de la producción eléctrica española. El objetivo del gobierno es alcanzar el setenta y cuatro por ciento en 2030. España podría convertirse en exportadora neta de energía limpia a Europa, a través de los interconectores eléctricos con Francia y Portugal.
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