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El Derecho Administrativo es la rama del ordenamiento jurídico que regula la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas, así como sus relaciones con los ciudadanos. Cuando el Estado actúa —concede una licencia de obras, impone una multa de tráfico, adjudica un contrato público o presta un servicio sanitario— lo hace sujeto a normas de Derecho Administrativo.
Uno de los principios fundamentales del Derecho Administrativo es el principio de legalidad: la Administración solo puede hacer aquello que la ley le autoriza expresamente. A diferencia de los particulares, que pueden hacer todo lo que no esté prohibido, la Administración solo puede hacer lo que esté permitido. Este principio es una garantía para los ciudadanos frente al posible abuso del poder público.
La unidad básica de actuación de la Administración es el acto administrativo: una decisión unilateral de la Administración que produce efectos jurídicos sobre los ciudadanos. Ejemplos: la concesión de una licencia, la imposición de una sanción o la denegación de una solicitud. Los actos administrativos se presumen válidos y se ejecutan incluso aunque el ciudadano los recurra, salvo que un juez los suspenda.
Cuando un ciudadano no está de acuerdo con una decisión de la Administración, puede impugnarla mediante recursos. Primero se presentan recursos administrativos ante la propia Administración (recurso de alzada, recurso de reposición). Si estos no prosperan, se puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, un orden judicial especializado en revisar la legalidad de los actos de la Administración.
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