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El Derecho Digital — también llamado Derecho de Internet o Derecho de las Nuevas Tecnologías — es uno de los campos más dinámicos y en evolución del ordenamiento jurídico contemporáneo. Las tecnologías digitales plantean problemas jurídicos nuevos: ¿quién es responsable cuando un algoritmo toma una decisión que perjudica a alguien? ¿Puede una empresa acumular y vender los datos personales de sus usuarios? ¿Cómo se protege la propiedad intelectual en internet? ¿Qué constituye un delito informático?
El instrumento más importante en materia de datos personales es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea — el RGPD, conocido internacionalmente por sus siglas en inglés GDPR. Aprobado en 2016 y aplicable desde 2018, el RGPD establece los derechos de los ciudadanos europeos sobre sus datos personales y las obligaciones de las empresas que los tratan.
Entre los derechos que reconoce el RGPD están: el derecho de acceso — saber qué datos tiene la empresa sobre ti — el derecho de rectificación, el derecho de supresión — el llamado "derecho al olvido" — y el derecho a la portabilidad de los datos. Las empresas que incumplan el RGPD pueden ser sancionadas con multas de hasta veinte millones de euros o el cuatro por ciento de su facturación global anual.
El Código Penal español tipifica los delitos informáticos más importantes: el acceso no autorizado a sistemas informáticos, el robo de datos, el sabotaje informático, la difusión de virus, la suplantación de identidad y las estafas en internet. La ciberseguridad es un campo que exige una coordinación creciente entre los ordenamientos jurídicos nacionales y el Derecho Internacional.
El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, aprobado en 2024, es el primer marco regulatorio del mundo para los sistemas de IA. Establece diferentes niveles de riesgo y exigencias distintas según el uso: los sistemas de IA de "alto riesgo" — en medicina, justicia, empleo — tienen obligaciones más estrictas. La aplicación de este reglamento en los próximos años será uno de los grandes retos del Derecho Digital.
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